La Ley de Costos y Precios Justos es realidad. Sin embargo, a falta del reglamento por el cual se regirá el texto legal, miembros del Ejecutivo nacional han adelantado algunos criterios de aplicación que ni siquiera están contemplados en el recién promulgado instrumento.
De acuerdo al artículo 20 de la ley, contenida en la Gaceta Oficial 39.715 de fecha 18 de julio, el principio que empleará la Superintendencia Nacional de Costos y Precios para fijar los precios de los productos será "mediante modelo de análisis estadístico", seleccionado por ese organismo.
No obstante, Edmée Betancourt, ministra de Comercio, adelantó ayer algunos lineamientos que no figuran en la ley. La funcionaria dijo que la determinación de los Precios Máximos de Venta al Público (PMVP) dependerá, entre otros factores, de la región donde se produzca el bien.
"Lo más seguro es que tenemos que visualizar cómo se haría, tendríamos que ver qué tipo de producto, de dónde provienen, de qué región, dónde se hacen, y a lo mejor en vez de establecer un precio a lo mejor tenemos que establecer unas bandas, pero tendríamos que ver de qué productos estamos hablando", declaró Betancourt a Unión Radio.
El numeral 6 del artículo 31 de la ley, referido a las atribuciones de la Superintendencia, sólo afirma que se fijarán los PMVP "o rangos de precios de bienes y servicios, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico".
La titular de la cartera de Comercio también agregó que los ministerios involucrados en determinadas áreas participarán en el análisis de las estructuras de costos. A modo de ejemplo, citó el caso del Ministerio de Educación y las matrículas escolares.
Por su parte, Carlos Osorio, ministro de Alimentación, señaló a AVN que la próxima semana se instalarán las mesas de trabajo con los sectores productivos para evaluar las estructuras de costos y fijar los precios máximos de los productos de primera necesidad que no están regulados y que son esenciales para la población: productos de aseo personal y para el hogar, prendas de vestir; y alimentos como hortalizas, frutas, legumbres, entre otros.
Sobre las regulación de las ganancias de los productores e importadores, el titular de Alimentación indicó que "dependerá de la participación que tuvo el Estado en la producción primaria del rubro (entrega de semillas y crédito, exoneración de impuestos), así como de la estructura de costo de cada artículo y la importancia o no del mismo en la población".
Agregó que "sería irresponsable que decidamos que todos los productos y servicios, que no estén regulados, tengan un margen de ganancia de 5 ó 20%, porque no lo decide el Estado, sino que es un acuerdo al que se llegará en las mesas de trabajo. Las estructuras de costos de cada producto son distintas y varían dependiendo de la estación del año, de la importación y de la demanda".
Osorio informó a El Universal que los ajustes de precios de los alimentos que están pendientes serán revisados con la metodología actual, por lo que el análisis de las estructuras de costos sigue su curso. "El análisis y la revisión permanente se mantiene, tenemos una programación que sigue su curso".
El vicepresidente de la República, Elías Jaua, señaló que en aquellos rubros que no requieran ajustes inmediatos, las estructuras de costos serán analizadas por la Superintendencia de Costos y Precios Justos, que estiman iniciará operaciones en octubre.
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